Testigos en el juicio contra la Unidad 9 denunciaron amenazas y reclamaron protección como una forma de darle continuidad a los juicios. Señalaron que se sienten contenidos y acompañados por los organismos de Derechos Humanos y por la sociedad, y pidieron al Estado que intensifique las acciones para identificar el origen de las agresiones.
Detrás de la mesa de conferencias de la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado, en La Plata, casi veinte referentes gremiales, testigos, abogados e integrantes de organismos de Derechos Humanos escoltaron a Hugo Godoy, secretario general del gremio y testigo en el juicio contra la U9, cuando enumeró los cuatro casos de amenazas de las que fueron víctimas testigos y sus familiares: el caso de Juan Scatolini, “que fue amenazado el primer día del juicio”; el de Eduardo Caldarola, “que vive en España y recibió llamados cuando volvió a Argentina para declarar”; Enrique Fidalgo, psicólogo del Comité de Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (Codesedh), a cuya casa entraron “para robar información”; y el caso más reciente, “de características más directamente mafiosas”, del ingreso a la casa de Eleonora Mogilner.
En relación al primer hecho, el mismo Scatolini explicó que “El día que empezó el juicio fueron a buscarme dos personas a mi casa. Yo no estaba y dejaron dicho que no me olvide que tenía que votar a los de Azul” (“gente del Servicio Penitenciario provincial y de la policía de la Provincia que hace unos años empezó a conformar un partido político que no logró personería”).
Por su parte, Caldarola relató que hace treinta y dos años que vive en España y llegó al país hace unos días para prestar declaración en el juicio. El viernes a la tarde, en la casa de los amigos que lo están hospedando, se recibieron dos llamadas: “Atiende la dueña de casa y habla una persona que no se quiere identificar y pregunta por mí. A la media hora vuelve a llamar”. Caldarola señaló que “Es indudable que no se puede fiar de actitudes de este tipo porque en Argentina siguen existiendo zonas de funcionamiento opaco, sobre todo de estos personajes que dicen que pertenecen a ciertos sectores de inteligencia que tiene que ver con un ‘corporativismo criminal’”.
Más adelante, Fidalgo sintetizó que recibió las amenazas en el marco de su trabajo en el Codesedh, un organismo que trabaja en conjunto con la Justicia Federal para acompañar y contener a los testigos que declaran en los juicios por delitos de lesa humanidad, y precisó que “Es la tercera vez que entran a mi casa en los últimos seis meses”.
El caso más reciente es el ingreso a la casa de la sobrina de Guillermo Mogilner, testigo en la causa de la U9 e hija de desaparecidos, el sábado pasado, mientras participaba de los festejos por los quince años de HIJOS, agrupación en la que milita. Mogilner contó que esa noche “Entraron a la casa, revolvieron todo y dejaron las cosas de valor arriba de la cama con un cuchillo, marcando claramente que no fue un robo”. Agregó que en un pasillo hay una pequeña tapa para acceder al cielo raso que estaba abierta e indicó que esto tiene estrecha vinculación con el secuestro de su cuñada, ya que el día que la fueron a buscar, ése fue uno de los lugares más revisados por los militares. “Esto hace evidente que quienes entraron la conocían. Tiene un fuerte contenido simbólico”, concluyó.
El abogado querellante de la Central de Trabajadores Argentinos, Marcelo Ponce Núñez, aseguró que “Desde el primer día que se produjeron amenazas (…) comenzaron a trabajar los organismos del Estado” y agregó que “Sin embargo, se sucedieron estos otros hechos lo que nos demuestra que si bien desde las autoridades del Estado se han previsto algunas medidas, éstas no han sido suficientes y se producen estos hechos que merecen que nosotros nuevamente salgamos a denunciaros”.
En cuanto a la situación jurídica de las denuncias, los abogados expresaron que fueron formalmente presentadas y el Tribunal está en pleno conocimiento de ellas”. Además indicaron que fueron realizadas en forma particular y personal con los funcionarios judiciales. Además, destacaron que es importante que se realicen teniendo como antecedente la desaparición de Julio López en 2006 y el asesinato de Silvia Suppo en Rosario.
En ese sentido, Scatolini afirmó que “Muchos de los integrantes del servicio de inteligencia que operó durante la dictadura están prófugos” y “están ligados hoy a servicios de seguridad privados, fuera del Estado, pero están en algún lugar, con algún recaudo, con algún manejo importante de recursos”. Asimismo, resaltó la importancia del acompañamiento de la sociedad y afirmó: “Yo hoy me siento protegido, no estoy a la intemperie como me sentí el 12 de abril cuando recibí la visita y no tuve a quien apelar. Rápidamente se movió el Estado y me produjo esta situación de tranquilidad con la que yo declaré el 26 de abril”.
“Queremos dar símbolo de que de este lado existe también una unión que es la que permitió, a través de la movilización popular, llegar a los juicios, y va a seguir existiendo con la ayuda de todos los que estemos detrás de esta línea de pensamiento. Lo que le pedimos al Gobierno es una mayor injerencia en este tipo de cuestiones para evitar que estas cosas sigan sucediendo”, destacó Ponce Núñez.
De la conferencia también participaron Inti Pérez Aznar (querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación), el abogado Alejo Ramos Padilla y Nilda Eloy (Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos). Además estuvieron presentes Norberto Linsky (de Codesedh), Roberto Cipriano (miembro del Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria), Guadalupe Godoy (querellante por Justicia Ya), María Laura Obretal (Unión por los Derechos Humanos), Emiliano Hueravilo (HIJOS), Verónica Cruz (decana de la facultad de Trabajo Social de la UNLP), entre otras.
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