Comenzó el juicio contra dos integrantes de la CNU

Tribunales federales de La Plata, calle 8 y 50.

Cuando todavía se oye el eco del fallo de la Corte Suprema en favor de aplicar el "2x1" a represores, un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad comenzó ayer en los tribunales federales de La Plata. Los imputados son Juan José "Pipi" Pomares y Carlos "el indio" Castillo, dos integrantes de la organización paramilitar de la derecha peronista Concentración Nacional Universitaria (CNU), acusados de cometer crímenes contra la humanidad en los meses previos y posteriores al golpe de Estado de marzo de 1976.

Castillo está acusado por su participación directa en el secuestro y homicidio del entonces secretario general del gremio del Turf en La Plata, Carlos Antonio Domínguez, y en el secuestro del vocal de la comisión directiva de ese gremio, Roberto Fiandor, ocurridos el 12 de febrero de 1976. También está imputado en el secuestro y homicidio de Leonardo Guillermo Miceli, el 19 de abril del mismo año, y del robo y violación de los domicilios en ambos casos.

A Castillo también se lo imputa por el secuestro y homicidio de Néstor Hugo Dinotto y Graciela Herminia Martini y por en el secuestro de otra pareja que finalmente sobrevivió, ocurridos entre el 3 y 4 de abril de 1976. En tanto, por este último caso, que abarca a cuatro víctimas, es que Pomares llegó al banquillo.

La primera audiencia desarrollada en el edificio de 8 y 50 de La Plata estaba convocada para las 10 pero comenzó con más de una hora de retraso y con el reclamo de los asistentes por destinar una sala tan pequeña, la sala 1, para el nutrido público integrado por familiares y amigos de las víctimas, e integrantes de organismos de derechos humanos. Ningún familiar o amigo de los detenidos se hizo presente. 

Cuando los jueces subrogantes que integran el Tribunal Oral Federal Nº 1, Germán Castelli, Pablo Vega y Alejandro Daniel Smoris, le preguntaron a los imputados si querían declarar, ambos se negaron y sólo respondieron unas breves preguntas. Pomares, de jean azul y buzo verde, dijo tener 62 años, "hijos del corazón", estudios secundarios completos y que su último trabajo fue como "asesor del senador Carlos Mosse (ya fallecido), y ex secretario de Economía y Hacienda de la Nación en el gobierno de Néstor Kirchner". Cuando le preguntaron si alguna vez había estado involucrado en una causa penal, dijo: "Sí, en el golpe de Estado, fui torturado, secuestrado, cuatro años preso, puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y del tribunal de guerra".

Castillo, de 65 años, pulóver rayado y pantalón marrón claro, dijo lacónicamente ser licenciado en Ciencias Políticas y dedicarse a la actividad privada hasta el momento de su detención, ocurrida hace seis años en la localidad cordobesa de Villa General Belgrano.

Antes de avanzar con la lectura de la elevación a juicio, la abogada de la querella que representa la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Pía Garralda, solicitó al tribunal "a pedido de las víctimas" que se retire de la sala el crucifijo que se encuentra colgado detrás de los jueces, 

argumentando que significa un "agravio tener que sentarse a dar testimonio frente a un símbolo religioso (...),en primer lugar por la vinculación directa que ha tenido la iglesia católica con el último genocidio argentino; en segundo lugar porque significan un agravio para las querellas las opiniones públicas que ha tenido la iglesia en la actualidad, en referencia a las expresiones en favor de la reconciliación entre la víctimas y familiares del genocidio argentino y los genocidas, y a su opinión política sobre el fallo de la Corte sobre el 2x1".

"Es muy importante que el Tribunal pueda comprender lo que significa este símbolo para las víctimas. A la hora de declarar de ninguna manera las víctimas pueden percibir que lo están haciendo frente a un poder divino, sino ante un poder del Estado. Y el Estado es neutral", remarcó la abogada, haciendo un pedido que ya fue realizado en otros juicios como en la Causa ESMA. 

Las demás querellas, representadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Provincia, y la Unión por los Derechos Humanos de La Plata estuvieron de acuerdo con el pedido, así como la fiscalía, a cargo de Hernán Schapiro. Tras un breve cuarto intermedio, los jueces resolvieron por mayoría dar lugar al pedido y se comprometieron a canalizar la solicitud hacia la Superintendencia de la Cámara Federal.

Los casos

Sobre el secuestro de Domínguez, a través de testigos que declararon en juicios anteriores se supo que había recibido varias amenazas anónimas relacionadas a las actividades gremiales que desarrollaba en el Hipódromo. Durante la madrugada del 12 de febrero de 1976 fue secuestrado de su casa en la calle 122 entre 70 y 71 de La Plata por un grupo de personas armadas que para ingresar violentaron la puerta de entrada mediante el disparo de un arma de fuego de grueso calibre. Una vez adentro, además de llevarse a Domínguez, robaron diversos bienes -entre ellos una máquina de escribir posteriormente hallada en la casa de Castillo-  y huyeron en un Torino blanco.

Previo al secuestro de Domínguez, los miembros de la CNU habían hecho lo mismo con Fiandor, de su casa en la calle 7 entre 34 y 35, a quienes los captores lo encerraron en el baúl del auto. Luego fueron hacia la localidad de Magdalena donde Fiandor logró escapar y pedir ayuda a los vecinos del lugar. El cuerpo de Domínguez apareció acribillado al día siguiente al costado de la ruta provincial Nº20, en la localidad de Vieytes. Según la necropsia, tenía un disparo en la cabeza realizado con arma de fuego a corta distancia, entre las 8 y las 8.30 del mismo día de su secuestro.

Sobre el secuestro de Miceli, se supo que ocurrió en el marco de un raid por diferentes viviendas -modalidad que caracterizó al accionar de la CNU-, realizado por un grupo de alrededor de veinte personas entre las que se encontraba Castillo. Los civiles ingresaron a su domicilio en 122 entre 70 y 71, portando armas largas. Allí revolvieron la habitación y se llevaron objetos personales. El cuerpo de Micelli fue encontrado acribillado en el arroyo Sarandí, de Avellaneda. La misma suerte que Miceli corrieron Horacio Urrera y Carlos Alberto Sathicq pero no fueron incluidos en este juicio.

En cuanto a los secuestros de Dinotto, Martini, y de otra pareja de sobrevivientes, testigos que declararon en los Juicios por la Verdad aseguraron que fueron interceptados mientras viajaban en un auto por la localidad de Villa Elisa. Sus cuerpos aparecieron al día siguiente en la calle 11 de City Bell, con numerosos impactos de proyectiles de al menos tres armas de fuego y con las manos atadas en la espalda.

“América latina está sufriendo un retroceso violento"

“Tenemos que aprender a vivir. Toda nuestra lucha es para aprender a vivir, a relacionarnos, a comprender que el otro o la otra tienen los mismos derechos. Esa es la lucha por los derechos humanos. No es simplemente paliar el dolor de los sufrientes. La lucha por los derechos humanos es una revolución cultural, política, social y espiritual. Si no cambiamos la sociedad, si no cambiamos nosotros, este mundo no tiene futuro. Por eso tenemos que tener la capacidad de la rebelión”. Esas fueron las palabras del Premio Nobel de la Paz y activista en la lucha por los derechos humanos, Adolfo Pérez Esquivel, pronunciadas al recibir el premio Honoris Causa, la máxima distinción que otorga la Universidad Nacional de La Plata, hoy en el Rectorado.

Sin sus habituales anteojos, de camisa lila y saco negro, el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria prosiguió: “Necesitamos construir un nuevo contrato social hacia una democracia participativa, no delegativa donde entregamos todo el poder a los que nos gobiernan y después los gobernantes hacen lo que quieren. Lo estamos viviendo. Por eso tenemos que pensar en este nuevo amanecer, en este nuevo desafío de nuestra sociedad. Hoy América latina está sufriendo un retroceso violento. Se están perdiendo las conquistas sociales, lo mismo que en Europa, con motivo de la seguridad, que se plantea en términos de policía y de pérdidas de las libertades ciudadanas. No, la seguridad es que no se nos mueran los niños de hambre y enfermedades evitables”.

Pérez Esquivel es egresado de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP y fue docente en esa Casa de estudios. Parado frente a un auditorio lleno, convocó a los presentes a “compartir el pan que alimenta el cuerpo y el espíritu”, y señaló que “cada uno de nosotros tenemos el derecho, y tienen el derecho las nuevas generaciones, a recibir la enseñanza pública. Es una responsabilidad del Estado”. Reforzó que “Los gobiernos están para servir a los pueblos y no los pueblos para servir a los gobiernos” y llamó a “recuperar el sentido profundo del hacer democrático que significa derechos e igualdad para todos y todas, no para algunos”.

La vicepresidenta Académica de la UNLP, Ana Barletta, repasó la trayectoria de Pérez Esquivel y expresó que “nos preocupa la proliferación de los discursos negacionistas y la forma que esta discursividad gana terreno en los medios de comunicación y las redes sociales pretendiendo destrozar el legado de las generaciones pasadas en la construcción e memoria, verdad y justicia, y por eso queremos reafirmarlo con este acto, mantenernos en ese legado”.

Destaco que “la palabra coherencia no es muy valorada últimamente y se relativizan trayectorias con convicciones. En el caso de Adolfo, su coherencia, sus convicciones lo convierten en una personalidad ejemplar, muy valorada por todos nosotros” y remarcó que la distinción fue votada unánimemente por los 72 miembros del Consejo.

En la primera fila se sentó la Madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, que acaba de cumplir 87 años e integró –junto con Pérez Esquivel, Barletta y otros referentes sociales- la comitiva de la CPM que a principios de marzo viajó a las Islas Malvinas para avanzar en la identificación de 123 soldados caídos en la guerra, enterrados como NN.

Cortiñas, de blusa blanca, pañuelo bordado en la cabeza y rostro de su hijo colgando en el pecho, se asomó detrás del atril y dio un encendido discurso en el que recordó los primeros pasos dados en la búsqueda de sus hijos desaparecidos, en los que Adolfo acompañó a las Madres de manera incondicional.

Luego advirtió al homenajeado que “todavía te vamos a dar más trabajo, Adolfo, porque esta lucha es muy larga y por eso insistimos en que se abran los archivos, que sepamos qué pasó con cada uno de los detenidos desaparecidos”.

“Adolfo es la persona más coherente que tenemos en nuestro país en cuanto a la lucha de los derechos humanos. Siempre mantuvo los principios, nunca lo pudo doblegar nadie. Para mí es mi maestro”, destacó Nora, y torciéndose para mirarlo de frente, dijo. “Vamos bien, Adolfo”.

Memoria, Verdad y Justicia- 24 de marzo 2017