Comenzó el juicio contra dos integrantes de la CNU

Tribunales federales de La Plata, calle 8 y 50.

Cuando todavía se oye el eco del fallo de la Corte Suprema en favor de aplicar el "2x1" a represores, un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad comenzó ayer en los tribunales federales de La Plata. Los imputados son Juan José "Pipi" Pomares y Carlos "el indio" Castillo, dos integrantes de la organización paramilitar de la derecha peronista Concentración Nacional Universitaria (CNU), acusados de cometer crímenes contra la humanidad en los meses previos y posteriores al golpe de Estado de marzo de 1976.

Castillo está acusado por su participación directa en el secuestro y homicidio del entonces secretario general del gremio del Turf en La Plata, Carlos Antonio Domínguez, y en el secuestro del vocal de la comisión directiva de ese gremio, Roberto Fiandor, ocurridos el 12 de febrero de 1976. También está imputado en el secuestro y homicidio de Leonardo Guillermo Miceli, el 19 de abril del mismo año, y del robo y violación de los domicilios en ambos casos.

A Castillo también se lo imputa por el secuestro y homicidio de Néstor Hugo Dinotto y Graciela Herminia Martini y por en el secuestro de otra pareja que finalmente sobrevivió, ocurridos entre el 3 y 4 de abril de 1976. En tanto, por este último caso, que abarca a cuatro víctimas, es que Pomares llegó al banquillo.

La primera audiencia desarrollada en el edificio de 8 y 50 de La Plata estaba convocada para las 10 pero comenzó con más de una hora de retraso y con el reclamo de los asistentes por destinar una sala tan pequeña, la sala 1, para el nutrido público integrado por familiares y amigos de las víctimas, e integrantes de organismos de derechos humanos. Ningún familiar o amigo de los detenidos se hizo presente. 

Cuando los jueces subrogantes que integran el Tribunal Oral Federal Nº 1, Germán Castelli, Pablo Vega y Alejandro Daniel Smoris, le preguntaron a los imputados si querían declarar, ambos se negaron y sólo respondieron unas breves preguntas. Pomares, de jean azul y buzo verde, dijo tener 62 años, "hijos del corazón", estudios secundarios completos y que su último trabajo fue como "asesor del senador Carlos Mosse (ya fallecido), y ex secretario de Economía y Hacienda de la Nación en el gobierno de Néstor Kirchner". Cuando le preguntaron si alguna vez había estado involucrado en una causa penal, dijo: "Sí, en el golpe de Estado, fui torturado, secuestrado, cuatro años preso, puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y del tribunal de guerra".

Castillo, de 65 años, pulóver rayado y pantalón marrón claro, dijo lacónicamente ser licenciado en Ciencias Políticas y dedicarse a la actividad privada hasta el momento de su detención, ocurrida hace seis años en la localidad cordobesa de Villa General Belgrano.

Antes de avanzar con la lectura de la elevación a juicio, la abogada de la querella que representa la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Pía Garralda, solicitó al tribunal "a pedido de las víctimas" que se retire de la sala el crucifijo que se encuentra colgado detrás de los jueces, 

argumentando que significa un "agravio tener que sentarse a dar testimonio frente a un símbolo religioso (...),en primer lugar por la vinculación directa que ha tenido la iglesia católica con el último genocidio argentino; en segundo lugar porque significan un agravio para las querellas las opiniones públicas que ha tenido la iglesia en la actualidad, en referencia a las expresiones en favor de la reconciliación entre la víctimas y familiares del genocidio argentino y los genocidas, y a su opinión política sobre el fallo de la Corte sobre el 2x1".

"Es muy importante que el Tribunal pueda comprender lo que significa este símbolo para las víctimas. A la hora de declarar de ninguna manera las víctimas pueden percibir que lo están haciendo frente a un poder divino, sino ante un poder del Estado. Y el Estado es neutral", remarcó la abogada, haciendo un pedido que ya fue realizado en otros juicios como en la Causa ESMA. 

Las demás querellas, representadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Provincia, y la Unión por los Derechos Humanos de La Plata estuvieron de acuerdo con el pedido, así como la fiscalía, a cargo de Hernán Schapiro. Tras un breve cuarto intermedio, los jueces resolvieron por mayoría dar lugar al pedido y se comprometieron a canalizar la solicitud hacia la Superintendencia de la Cámara Federal.

Los casos

Sobre el secuestro de Domínguez, a través de testigos que declararon en juicios anteriores se supo que había recibido varias amenazas anónimas relacionadas a las actividades gremiales que desarrollaba en el Hipódromo. Durante la madrugada del 12 de febrero de 1976 fue secuestrado de su casa en la calle 122 entre 70 y 71 de La Plata por un grupo de personas armadas que para ingresar violentaron la puerta de entrada mediante el disparo de un arma de fuego de grueso calibre. Una vez adentro, además de llevarse a Domínguez, robaron diversos bienes -entre ellos una máquina de escribir posteriormente hallada en la casa de Castillo-  y huyeron en un Torino blanco.

Previo al secuestro de Domínguez, los miembros de la CNU habían hecho lo mismo con Fiandor, de su casa en la calle 7 entre 34 y 35, a quienes los captores lo encerraron en el baúl del auto. Luego fueron hacia la localidad de Magdalena donde Fiandor logró escapar y pedir ayuda a los vecinos del lugar. El cuerpo de Domínguez apareció acribillado al día siguiente al costado de la ruta provincial Nº20, en la localidad de Vieytes. Según la necropsia, tenía un disparo en la cabeza realizado con arma de fuego a corta distancia, entre las 8 y las 8.30 del mismo día de su secuestro.

Sobre el secuestro de Miceli, se supo que ocurrió en el marco de un raid por diferentes viviendas -modalidad que caracterizó al accionar de la CNU-, realizado por un grupo de alrededor de veinte personas entre las que se encontraba Castillo. Los civiles ingresaron a su domicilio en 122 entre 70 y 71, portando armas largas. Allí revolvieron la habitación y se llevaron objetos personales. El cuerpo de Micelli fue encontrado acribillado en el arroyo Sarandí, de Avellaneda. La misma suerte que Miceli corrieron Horacio Urrera y Carlos Alberto Sathicq pero no fueron incluidos en este juicio.

En cuanto a los secuestros de Dinotto, Martini, y de otra pareja de sobrevivientes, testigos que declararon en los Juicios por la Verdad aseguraron que fueron interceptados mientras viajaban en un auto por la localidad de Villa Elisa. Sus cuerpos aparecieron al día siguiente en la calle 11 de City Bell, con numerosos impactos de proyectiles de al menos tres armas de fuego y con las manos atadas en la espalda.